Doctrina de la Seguridad Nacional y Terrorismo de Estado: Apuntes y Definiciones

Por Juan Pablo Angelone - Licenciado en Ciencia Política. Universidad Nacional de Rosario. Escritor. Integrante de la Comisión de Derechos Humanos Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Por la Memoria, contra la Impunidad. Docente en la misma Facultad.

1.Terrorismo de Estado. Definiciones conceptuales

Podemos definir como terrorismo a toda estrategia consistente en el empleo o la amenaza del empleo de la violencia –casi siempre física- con el propósito de inducir un estado de terror en la/s víctima/s -potencial/es o real/es-, lo que implica por parte de estas últimas un estado de indefensión o de inferioridad en la relación de fuerzas con el agresor/victimario.

Por otra parte, y siguiendo a Hugo Chumbita, podemos definir al terrorismo de Estado como “la utilización sistemática de la violencia del aparato estatal con fines de intimidación a los adversarios o disidentes, afectando a veces a la generalidad de la población (...)” (1). El mismo autor dirá que tanto a nivel del Derecho internacional de los tratados, así como en las legislaciones internas de los estados han sido tipificados varios delitos de terrorismo de Estado, tales como el genocidio; los crímenes contra la paz; de guerra y de lesa humanidad; el apartheid; la tortura y la desaparición forzada de personas. Estos dos últimos han sido acaso los más frecuentemente utilizados por la dictadura militar argentina, entre 1976 y 1983. Pero entendemos que los mismos no deben ser considerados como meros hechos delictivos, sino como resultantes de la aplicación de un proyecto político, social y económico, en el cual jugó un rol sumamente destacado una ideología comúnmente conocida como la Doctrina de la Seguridad Nacional.

2.La Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN)

La definición de la Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN), requiere reconocer a la misma en el marco de las llamadas doctrinas militares. De allí que hablaremos primero de doctrinas militares para arribar a la explicación de lo que ha sido históricamente la DSN. (2)

Las doctrinas militares constituyen, en esencia, conjuntos de proposiciones no necesariamente escritas, que constituyen un corpus más o menos coherente, orientadoras del accionar institucional de las fuerzas armadas en lo que es la manifiesta función principal de las mismas: hacer la guerra. Las doctrinas militares caracterizan, pues, las modalidades esenciales de la guerra; identifican enemigos específicos; analizan el contexto internacional a fin de detectar aliados y adversarios de acuerdo con las hipótesis de conflicto que se manejan; evalúan calidad y cantidad de los recursos materiales y humanos disponibles en caso de un estallido de hostilidades; etc.

Siguiendo siempre a Ernesto López, diremos que los ejes alrededor de los cuales se estructuran las doctrinas militares son tres:

a) Una concepción general de la guerra.
b) Una concepción de la nación.
c) Una concepción acerca de la relación a establecer entre el ejército y el sistema político.

La DSN como fenómeno histórico concreto, reconoce al menos, dos fuentes principales:

a)La Doctrina de la Contrainsurgencia; originada entre las fuerzas armadas francesas como respuesta represiva a las insurrecciones anticoloniales contra el gobierno de París que tuvieron lugar en Indochina (1945) y Argelia (1954). La misma influyó particularmente entre los militares argentinos, particularmente tras el golpe de estado que derrocó a Juan Domingo Perón en 1955. Más allá de no haber constituido jamás un bloque homogéneo, las fuerzas armadas de la época acordaban en percibir a las acciones insurgentes -muchas veces, espontáneas- de la resistencia peronista como los inicios de una guerra revolucionaria que podía desencadenar en el comunismo. Es así que en 1957, durante la dictadura de Pedro Eugenio Aramburu, llega a la Argentina una misión de militares franceses que permanecería hasta el año 1962, con el fin de asesorar a los militares argentinos en tareas de represión a los movimientos insurgentes.

b)La Doctrina de la Seguridad Hemisférica; proclamada desde los Estados Unidos, en el marco de la llamada Guerra Fría y de la lucha contra el comunismo soviético; la cual adquiere especial auge a partir del triunfo de la Revolución Cubana, en 1959. Desde la perspectiva de la Administración Kennedy (1961-1963), se percibía que si bien los EEUU poseían la suficiente capacidad de represalia nuclear como para disuadir a los soviéticos de emprender un ataque con armamento convencional contra el territorio norteamericano, las derrotas sufridas por los EEUU y sus aliados de la Organización del Tratado del Atlántico Norte a manos de fuerzas políticas comunistas, tanto en Cuba como en Indochina, planteaban considerar como amenaza real a las insurrecciones producidas en los pueblos del llamado Tercer Mundo. Al respecto, el Departamento de Defensa de los EEUU –comúnmente conocido como el Pentágono-, define a la contrainsurgencia como un conjunto de “medidas militares, paramilitares, políticas, económicas, psicológicas y cívicas tomadas por el gobierno par vencer la insurgencia subversiva.” (3).

La derrota política sufrida en Vietnam, así como también el rechazo que la misma guerra –y las cuantiosas bajas sufridas por las tropas de los EEUU- generara en la opinión pública norteamericana, llevaron a un replanteo estratégico, el cual tuvo lugar en tiempos de la Administración Nixon (1968-1974); de allí que dicha reformulación sea conocida como Doctrina Nixon. La misma plantea involucrar más directamente a los ejércitos de las propias naciones latinoamericanas en la defensa hemisférica, comprometiendo en menor medida a las fuerzas armadas de los EEUU.

Siguiendo las definiciones anteriormente expresadas, y tomando una vez más el planteo teórico de López (4) presentamos a continuación los ejes estructurantes de la DSN:

a) La concepción general sobre la guerra de la DSN convalida la visión del conflicto Este-Oeste, aceptando la integración del ejército nacional en los dispositivos internacionales de defensa creados y controlados por los EEUU. Por otra parte, la definición de las hipótesis de conflicto pone el énfasis en la defensa de las llamadas fronteras ideológicas, priorizándolas incluso por sobre la defensa de las fronteras territoriales. El término “fronteras ideológicas” alude al hecho de que las fronteras “no separaban a dos naciones, sino a dos sistemas enfrentados” (5). De un lado de la frontera, el “Occidente cristiano”; del otro, la “subversión comunista”. Desde luego, la vigilancia de toda actividad considerada subversiva implica la vigilancia sobre las actividades políticas de la ciudadanía.

b) Una concepción sobre la nación que tiende, en líneas generales, a privilegiar las cuestiones ligadas a la seguridad nacional frente a la problemática del desarrollo nacional. Ello no significa, necesariamente, que las fuerzas armadas debieran desentenderse del rol a cumplir en un proceso de desarrollo. Por el contrario, la DSN no era incompatible con la búsqueda de un crecimiento económico, entendido el mismo “como un proceso de transición que partía de una situación de atraso relativo para procurar alcanzar la modernidad.” (6). Ciertamente, las sociedades capitalistas desarrolladas eran percibidas como el modelo a alcanzar, o por lo menos, a imitar. De este modo, la alianza con los EEUU y sus aliados en el plano militar, se expresaba también en una asociación económica con dichas naciones.

c) La relación entre el ejército y el sistema político es pensada a desde la reivindicación del intervencionismo de las fuerzas armadas en la vida institucional, excluyendo a la mayoría de la población de la participación política. Las fuerzas armadas, en fin, “se adjudicaban el rol de última reserva moral y política de la nación; se arrogaban las capacidades de interpretar y representar el sentimiento del pueblo”. (7)

Muchas fueron las instituciones militares norteamericanas en las cuales se formó a los uniformados latinoamericanos, no solamente en materia ideológica. De manera muy especial, estas instituciones capacitaron a nuestros ejércitos en materia de represión. Al respecto, el caso paradigmático estuvo dado por la Escuela de las Américas, ubicada en Panamá. La misma aplicó en sus programas de enseñanza un Manual de Torturas publicado por la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, según la sigla en inglés).

Hacia 1984, la Escuela fue trasladada a Fort Benning, en el estado norteamericano de Georgia, siendo cerrada en el año 2000 y reemplazada por el Instituto de Defensa para la Cooperación de Seguridad Hemisférica. Aun así, para entonces más de 70.000 militares latinoamericanos habían pasado por sus aulas. Entre ellos destacamos a conocidos dictadores, tales como el boliviano Hugo Bánzer, el argentino Leopoldo Fortunato Galtieri y el panameño Manuel Noriega.

Por otra parte, existieron mecanismos de coordinación de la represión a nivel de las fuerzas armadas de nuestra región. Al respecto, debemos mencionar el llamado Operativo Cóndor, diseñado en 1975 a instancias de los jefes de inteligencia militar de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. La propuesta originaria de dicho Operativo “consistía en crear un banco de datos unificado, tal como el de la Interpol en términos criminales, pero dedicado al combate a la subversión.”8 Entre las víctimas más conocidas de esta coordinación represiva podemos mencionar a los ex-parlamentarios uruguayos Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz y al ex-presidente boliviano Juan José Torres -un militar nacionalista de izquierda que había llegado al poder en 1970 con el apoyo del movimiento obrero, y depuesto un año después por las fuerzas armadas- ; los tres asesinados en 1976, en la ciudad de Buenos Aires.

Ese mismo año, una bomba colocada en su automóvil da muerte al chileno Orlando Letellier, ex–canciller del gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende-, en la ciudad de Washington. Cabe Recordar, asimismo, que aún antes del inicio de las reuniones organizativas del Operativo Cóndor, un atentado de similares características había terminado con el ex–jefe del ejército de Chile, Carlos Prats –un militar opuesto al golpismo que, pese a no ser un hombre de izquierda, ocupara varios cargos durante la presidencia de Allende- y a su esposa, ambos exiliados en Buenos Aires. Cabe destacar, al respecto, que el atentado tuvo lugar en 1974, durante la presidencia constitucional de María Estela Martínez de Perón, y no durante la dictadura militar.

3. Connotaciones clasistas de la dictadura militar y el terrorismo de Estado en la Argentina del “Proceso de Reorganización Nacional” (1976-1983)

Si bien la represión ejercida contra militantes de organizaciones armadas, gremiales, partidarias, etc, formó parte del acatamiento a la DSN por parte de las fuerzas armadas, debemos destacar que ciertos sectores civiles, reclutados fundamentalmente desde las clases dominantes de nuestros países, formaron parte del entramado social que apoyó a las dictaduras. Yendo al caso argentino, y a manera de ejemplo, mencionamos a la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), organización que contribuyó a la sedición militar, por entonces en marcha, convocando a un lock out o huelga patronal en febrero de 1976.

Dicho grupo estaba integrado por “las cámaras argentinas de Comercio, Construcción, Exportadores, Importadores, Supermercados, Grandes Tiendas, la Sociedad Rural, la CARBAP [Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires], entre otras. Su gran animador fue Jorge Aguado, luego secretario de Agricultura de Roberto Eduardo Viola y gobernador de la provincia de Buenos Aires con Leopoldo Fortunato Galtieri.” (9). Asimismo, mencionamos al Grupo Perriaux, llamado así en tanto su principal referente fue Jaime Perriaux, ministro de justicia de la nación durante la dictadura de Roberto Marcelo Levingston.

Dicho grupo, defensor del pensamiento económico liberal, poseía intereses entrelazados con la producción ganadera y el alto empresariado. De hecho, entre los integrantes del Grupo Perriaux se encontraba el primer ministro de economía de la dictadura iniciada en 1976, José Alfredo Martínez de Hoz; socio, por otra parte de la Sociedad Rural Argentina. Con sólo mencionar algunas de las medidas tomadas por este último en los primeros tiempos de su gestión ministerial, podemos constatar no solamente el contenido clasista de la dictadura, sino también el de la misma represión:

a) Congelamiento salarial por tres meses. Al respecto, la contención de los salarios nominales provocó un deterioro de los salarios reales superior al 30%. La necesidad de disciplinar a los trabajadores se expresa en medidas tales como “la disolución de la CGT, la supresión de las actividades gremiales y del derecho de huelga, las reformas a la Ley de Contrato de Trabajo, la eliminación de las convenciones colectivas en materias salarial, etc.” (10)

b)Reducción de los derechos de exportación de los productos agropecuarios, así como también de los aranceles de importación. Ambas medidas pretendieron, respectivamente, favorecer a la gran burguesía agraria, aumentando los márgenes de ganancia de las colocaciones de sus productos en el exterior; y permitir que el ingreso de artículos importados fijara límites a la determinación de los precios de bienes manufacturados nacionales.

c) Reforma financiera, por medio de la cual el sector financiero “pasaría a ocupar un rol hegemónico en la absorción y reasignación de los recursos. La liberalización de las tasas de interés, de la asignación del crédito por parte de las entidades financieras, de los requisitos para la expansión de las mismas (podrían participar en el capital de otras entidades), así como para la instalación de nuevas entidades –de capital nacional o extranjero- y sucursales, constituyen algunos de los aspectos centrales de la reforma que, como tales, ejercerán una influencia decisiva en el desenvolvimiento futuro de la economía, en la transferencia intersectorial de ingresos, en la propia dinámica de la acumulación de capital y en las formas adoptadas por el poder económico dominante.” (11)

Entre muchas otras, estas medidas incidieron, no solamente en la consolidación de la hegemonía del capital financiero sobre el capital productivo, sino también en la quiebra de numerosas pequeñas y medianas empresas, mano de obra intensivas, con el consiguiente aumento del desempleo y en beneficio de grandes grupos económicos –Pérez Companc; Celulosa Argentina; etc.- y empresas transnacionales –Techint; Siemens; etc.-

El carácter clasista de la dictadura y de la represión nos permiten entender que la represión ejercida desde el Estado no puede ser explicada a partir del solo “asalto al poder” por parte de las fuerzas armadas, sino que surge de la imposibilidad de los sectores sociales dominantes de asegurar su carácter de tales a partir del respeto a las formalidades democráticas, e incluso a los límites impuestos por la ley.

La importancia del accionar clandestino –secuestros y torturas en centros de detención, desaparición forzada de personas- en la represión nos habla de un tipo de Estado que trasciende los límites del autoritarismo convencional. Al respecto, Eduardo Luis Duhalde sostiene que, con el fin de subordinar no sólo a los trabajadores sino también a los tros sectores sociales perjudicados por el modelo socioeconómico impuesto desde 1976, “Se requiere no sólo la supresión de los mecanismos de representación y expresión de esta sociedad civil dentro de una estructura democrática negando todo tipo de libertades, sino que la exigencia es mayor: es preciso imponerles determinados comportamientos sociales y comprometer sus esfuerzos en esa política de reconversión del modelo económico de la Nación contraria a sus intereses más necesarios y elementales (...) Para ello no basta un Estado autoritario. Es preciso un Estado terrorista (...) Porque como no es posible militarizar todo el aparato productivo, la coerción debe ser permanente e idéntica a la que produjera el hecho de que cada obrero, cada empleado, cada pequeño empresario, estudiante o profesional liberal tuviera la bayoneta sobre su espalda. Ello no se obtiene con “leyes especiales”, ni con “tribunales especiales”. Sólo es posible mediante el terror como método y práctica permanente.” (12)

La aplicación de métodos terroristas por parte del Estado, pues, genera un miedo al horror que impregna la vida cotidiana de las personas. Los efectos de ese terror pueden, incluso, durar en el tiempo más allá de las mismas dictaduras militares, en plenos gobiernos constitucionales. Ese constituye uno de los tantos motivos por los cuales la militancia en defensa de los derechos humanos no se agota, ni en el marco temporal ni temático, en la lucha contra las dictaduras. La defensa de los derechos humanos debe formar parte de nuestra cotidianeidad porque la violación de los mismos suele ser parte de las injusticias cotidianas.

NOTAS

1) Hugo Chumbita “Terrorismo” en Torcuato S. Di Tella; Hugo Chumbita; Susana Gamba y Paz Gajardo Diccionario de Ciencias Sociales y políticas Ed. Emecé. Bs As, 2001. Pág. 692.

2) Para el concepto de doctrinas militares, y salvo indicación en contrario, remitimos al trabajo de Ernesto López “Doctrinas militares en Argentina: 1932-1980”, incluido en Carlos J. Moneta, Ernesto López y Aníbal Romero La reforma militar Editorial Legasa. Buenos Aires; 1985.

3) Citado en Eduardo Luis Duhalde El Estado Terrorista Argentino. Quince años después, una mirada crítica. EUDEBA. Bs AS; 1999. Pág. 222.

4) Ernesto López “Doctrina de la Seguridad Nacional” en Torcuato S. Di Tella, Hugo Chumbita, Susana Gamba y Paz Fajardo; op. cit.. Págs. 201-202.

5) Simón Lázara Poder militar: origen, apogeo y transición Ed. Legasa. Bs As; 1988. Pág. 154.

6) López “Doctrinas militares...”; op. cit. Pág. 128.

7) José María Vázquez Ocampo Política exterior argentina (1973-1983) (De los intentos autonómicos a la dependencia Centro Editor de América Latina. Bsa As; 1989. Vol. 2. Págs. 135-136.

8) Alfredo Boccia-Paz Operativo Cóndor: ¿un ancestro vergonzoso? Cuadernos para el Debate Nº 7. Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur. Instituto de Desarrollo Económico y Social.

9) Vicente Muleiro “El golpe con traje y corbata”. Artículo publicado en el Suplemento Zona del Diario Clarín del 18/03/2001. Pág. 3.

10) Daniel Aspiazu; Eduardo Basualdo y Miguel Khavisse El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80 Hyspamérica. Bs As; 1988. Págs. 91.

11) Ibíd.; op. cit. Pág. 93.

12) Eduardo Luis Duhalde; op. cit. Pág. 219. Como ejemplos de los comportamientos sociales impuestos por el Estado terrorista, pueden mencionarse la delación de “activistas”, el consumo de artículos importados o la compra de dólares.

BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA

Libros

-Aspiazu, Daniel; Basualdo, Eduardo y Khavisse, Miguel El nuevo poder económico en la Argentina de los años 80 Editorial Hyspamérica. Buenos Aires; 1988.
-Di Tella, Torcuato; Chumbita, Hugo; Gamba, Susana y Gajardo, Paz Diccionario de Ciencias Sociales y Políticas Emecé. Buenos Aires; 2001.
-Duhalde, Eduardo Luis El Estado terrorista argentino. Quince años después, una mirada crítica EUDEBA. Buenos Aires; 1999.
-Lázara, Simón Poder militar: Origen, apogeo y transición Editorial Legasa. Buenos Aires; 1988. Pág. 54.
-Moneta, Carlos; López, Ernesto y Romero, Aníbal La reforma militar Editorial Legasa. Buenos Aires; 1985.
-Vázquez Ocampo, José María Política exterior argentina (1973-1983) (De los intentos autonómicos a la dependencia) Volumen 2. Centro Editor de América Latina (CEAL). Buenos Aires; 1989.

Documentos de trabajo

-Boccia-Paz, Alfredo Operativo Cóndor: ¿un ancestro vergonzoso? Cuadernos para el Debate Nº 7. Programa de Investigaciones Socioculturales en el Mercosur. Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES). Buenos Aires; 1999.

Artículos periodísticos

-García Lupo, Rogelio “El complot del doctor Perriaux” en Suplemento “Zona” del Diario Clarín del 18 de marzo de 2001. Págs. 6-7.
-Muleiro, Vicente “El golpe con traje y corbata” en Suplemento “Zona” del Diario Clarín del 18 de marzo de 2001. Págs. 3-5.